Retos jurídicos de la innovación tecnológica en las Administraciones Públicas

A través de la página web de SICARM se encuentran disponibles los videos correspondientes al Congreso de la Red Derecho TICs que, en el seno de dichas jornadas, organizamos bajo el lema Los retos jurídicos de la innovación tecnológica en las Administraciones Públicas.

El acceso directo a los videos de las intervenciones se encuentra disponible desde este enlace (hay que hacer click en los correspondientes iconos con los rollos de cine que hay a la izquierda). Por si os interesara alguna de las intervenciones, aquí tenéis un resumen del programa correspondiente al evento:

Los retos jurídicos de la innovación tecnológica en la Administración Pública

Miércoles 13 de abril

16,30 h. Conferencia inaugural

¿Es posible un nuevo modelo de Administración Pública basado en la innovación y la tecnología?

Fernando de Pablo Martín. Director General para el Impulso de la Administración Electrónica. Ministerio de Presidencia.

18 h. Mesa redonda

¿Hacia una nueva concepción del procedimiento administrativo, a partir de la tecnología?

- Maximino Linares Gil. Abogado del Estado Jefe del Ministerio de Trabajo e Inmigración

- Xavier Uríos Aparisi. Abogado Jefe del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales. Generalidad de Cataluña

- Rubén Martínez Gutiérrez, Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de Alicante

Jueves 14 de abril

¿Se está construyendo un nuevo paradigma en las relaciones con los ciudadanos? A propósito del Open Government

10,30 h. Conferencia

El Plan de Innovación Pública del Gobierno vasco: algunas enseñanzas a partir de la experiencia

Iñaki Ortiz. Director General de Innovación y Administración electrónica. Gobierno Vasco

Presenta: Julián Valero Torrijos. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de Murcia. Coordinador Académico

12 h. Mesa redonda

La problemática jurídica e institucional del Open Government

Lorenzo Cotino Hueso. Profesor de Derecho Constitucional. Universidad de Valencia. Coordinador de la Red Derecho TICs.

Ignacio Criado Grande. Profesor de Ciencia Política y de la Administración. Universidad Autónoma de Madrid

Julián Valero Torrijos. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de Murcia. Coordinador Académico

Jueves 14 de abril

Innovación e identidad electrónica en la Administración Pública

16,30 h. Conferencia

Gestión avanzada de identidades en la Administración 3.0: ¿qué hay más allá de la firma electrónica?

Ignacio Alamillo Domingo. Astrea-La Infopista Jurídica

Presenta: Julián Valero Torrijos. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de Murcia. Coordinador Académico

18 h. Mesa redonda

Nuevos problemas y desafíos para la identificación electrónica ante la innovación tecnológica en las Administraciones Públicas

Ignacio Alamillo Domingo. Astrea-La Infopista Jurídica

Mar Ibáñez Martí. Gerente de la Agencia de Certificación de la Comunidad Valenciana

Daniel Sánchez Martínez. Profesor de Ingeniería Telemática. Proyecto Administración electrónica de la Universidad de Murcia

Viernes 15 de abril

La reutilización comercial de la información del sector público: ¿una nueva oportunidad de negocio para las empresas y de financiación para las Administraciones ante la crisis?

10 h. Conferencia

La reutilización de la información administrativa en España: situación actual y perspectiva de futuro

José Manuel Alonso. Fundación CTIC

11 h. Taller

Un ejemplo de buenas prácticas: la experiencia de euroalert.net

José Luis Marín. Director de Euroalert

12:30 h. Mesa redonda

Problemas, dificultades y posibilidades en la reutilización comercial de la información administrativa

Manuel Fernández Salmerón. Proyecto LAPSI. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de Murcia

Emilio Guichot Reina. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de Sevilla

José Manuel Alonso. Fundación CTIC

José Luis Marín. Director de Euroalert

Modera: Fuensanta Gómez Manresa Proyecto LAPSI. Universidad de Murcia

novedades premio LAPSI trabajos reutilización de la información del sector público

Como ya informamos en una entrada anterior, la red LAPSI ha puesto en marcha un premio para el mejor trabajo relacionado con los aspectos jurídicos de la reutilización de la información del sector público. A este respecto, os informo de dos importantes novedades:

• por un parte, gracias al apoyo de Infocamere y de I3P, el premio estará dotado económicamente con 1.000 euros;


• en consecuencia, se ha decidido ampliar al plazo de presentación de originales hasta el 20 de abril de 2011 (16:00 hrs. CET) La convocatoria se encuentra disponible en este enlace. Para presentar la solicitud de participación, se recomienda la atenta lectura de las instrucciones que aparecen en este otro enlace. Puede obtenerse más información sobre esta iniciativa en el sitio web de LAPSI. En todo caso, estoy a vuestra disposición para cualquier consulta.

congreso APEP protección datos personales

Como ya he comentado en alguna entrada anterior, desde hace casi un par de años estoy implicado como Secretario en el proyecto crear y dinamizar la Asociación Profesional Española de Privacidad. Desde entonces hemos puesto en marcha numerosas iniciativas tendentes a impulsar, dignificar y defender el papel que llevan a cabo estos profesionales, entre las que podríamos destacar la denominada "LOPD coste cero", tan dañina para la credibilidad del sector en la medida que se utilizan para financiar la consultoría fondos subvencionados que debían ir dirigidos a la formación de los trabajadores, y la creación de una acreditación profesional que, bajo la denominación ACP, tiene ya abierta la segunda convocatoria para las pruebas que se van a realizar en Madrid el 18 de mayo de 2011. Precisamente, al día siguiente, para el jueves 19 está convocada la primera edición del Congreso Nacional de Privacidad (enlace para la información del evento), que se celebrará en Madrid. Se trata, por tanto, de una iniciativa que tiene por objeto debatir sobre los principales problemas a los que se han de enfrentar estos profesionales en el actual contexto social y, sobre todo, tecnológico, donde la complejidad es una de las notas distintivas. El programa completo está disponible en la web oficial del Congreso: http://www.apep.es/congreso2011/congreso2011-agenda/ ¡Nos vemos en Madrid!

premio trabajos reutilización información sector público

La Red LAPSI convoca el I Premio para el mejor trabajo académico sobre los aspectos jurídicos de la reutilización de la información público en los Estados de la Unión Europea. El objetivo es promover la investigación en este ámbito, de manera que sirva de apoyo para el impulso de las políticas públicas relacionadas con dicha temática.
Los destinatarios de esta convocatoria son estudiantes de Derecho, Ciencia Política y Economía o, en su caso, graduados/licenciados en dichas titulaciones con posterioridad al 6 de mayo de 2010, que hubieren realizado un trabajo de investigación en dicha materia correspondiente al programa oficial de las referidas titulaciones (tesina, proyecto fin de grado/carrera…). El trabajo puede estar redactado en español, si bien el resumen que ha de presentarse deberá remitirse en inglés.

Las fechas relevantes son las siguientes:

• Desde el 25 de enero al 20 de marzo (16 h. CET): presentación de un resumen del trabajo a través de la web del proyecto LAPSI
• 20 de abril: notificación de los resultados/invitación de los finalistas a la Conferencia donde se hará entrega del premio
• 6 de mayo: entrega del premio, durante la celebración de la I Conferencia Pública del proyecto LAPSI que tendrá lugar en la Bocconi University de Milán

El resumen de los trabajos, necesariamente en inglés, puede presentarse a través del formulario que se encuentra disponible en la web del proyecto LAPSI (http://www.lapsi-project.eu/). Se recomienda, en todo caso, consultar la convocatoria oficial del Premio allí publicada (http://www.lapsi-project.eu/lapsifiles/awardcallforapplicationCS(2)_mod.pdf), donde se detallan el objetivo, los destinatarios y los requisitos que han de reunir, así como los criterios y el procedimiento de evaluación.

evento proyecto LAPSI

Como ya os informaba en una entrada anterior, un grupo de universidades e instituciones de diversos Estados entre las que se encuentra la Universidad de Murcia, bajo el impulso de la Unión Europea, estamos analizando el marco jurídico actual del acceso a la información, en particular desde la perspectiva de las exigencias europeas y nacionales de la normativa sobre reutilización (más información sobre el proyecto LAPSI, en inglés). La semana pasada tuvimos un seminario de trabajo en Lovaina (ver más información) donde, entre otros temas, se analizaron las posibilidades de reutilizar la información administrativa a partir de las exigencias y limitaciones de la protección de los datos personales.

Entre los eventos futuros vinculados a este proyecto, el próximo 28 de octubre celebraremos una nueva reunión en Barcelona (ver programa y más detalles) en el marco del Free Culture Forum 2010. Sin duda que será una magnífica oportunidad para tratar estos temas más allá de las limitaciones propias de los medios telemáticos...

anteproyecto Ley de Transparencia

Según leo en la web de Access Info, el Gobierno sigue sin  ser muy transparente con la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, si bien parece que desde dicha organización han tenido acceso a una versión del borrador. De hecho, según comentan, junto a otras 40 ONG miembros de la Coalición Pro-Acceso han reclamado al Gobierno estatal "mayor transparencia sobre la ley de transparencia", sin duda toda una paradoja acerca de lo mucho que todavía queda por cambiar en la Administración. Pues bien, incluso mandaron una carta al Gobierno el 20 de agosto requiriendo una copia del borrador y reclamando una consulta pública sobre el anteproyecto, a la que todavía no han tenido respuesta. En este sentido, han puesto en marcha una encuesta cuyos resultados piensan remitir al Ejecutivo. Un ejemplo evidente de como la pasividad gubernamental puede ser soslayada con el uso de las TICS.... ¡Esto sí que es participación, aunque el Open Government brille por su ausencia! O no.

Los desafíos jurídicos del Open Government (2)

El segundo de los ejes sobre el que gira el Open Government se refiere a la participación, sin duda una cuestión candente como planteaba Nacho Criado en su comentario a mi entrada anterior: ¿hasta qué punto la democracia directa es preferible a la meramente representativa? No es este el lugar apropiado para abordar en profundida este esencial debate, pero desde la perspectiva que ahora nos ocupa es preciso reconocer que, más allá del uso de la tecnología, existen herramientas que permiten la participación en diversos ámbitos. Vamos a centrar nuestro comentario en dos de ellos, especialmente relevantes: la potestad normativa y el procedimiento administrativo.

Por lo que respecta a la elaboración de las normas, debemos distinguir las dos principales manifestaciones existentes: la potestad legislativa y la reglamentaria. Por lo que se refiere a la primera, en la mayoría de los Estados modernos se reconoce a los ciudadanos la denominada iniciativa legislativa popular, es decir, que un número predeterminado de ciudadanos apoyen una determinada propuesta de regulación que, posteriormente, es remitida al órgano legislativo (Cortes Generales o Asambleas legislativas autonómicas en el modelo español). Las principales insuficiencias de esta modalidad radican, de un lado, en el elevado número de apoyos requerido, que en el ámbito estatal se eleva hasta las 500.000 firmas. Sin duda las TIC´s facilitan enormemente la cumplimentación de este requisito (véase la entrada anterior Por fin se puede firmar con el DNI-e una ILP), pero para ello sería necesario no sólo disponer de un DNI electrónico u otra modalidad de firma electrónica sino, sobre todo, disponer de los medios oportunos para hacerlo y saber cómo enfrentarse a tan titánica tarea. Y tampoco está garantizado el éxito, ya que el problema de fondo radica en que difícilmente se movilizan los ciudadanos a la hora de participar en el ámbito político, aunque sin duda iniciativas sobre ciertas materias tendrían un éxito más que asegurado (imaginemos una relativa a las redes P2P, como comentábamos en una entrada anterior). Más aún, incluso aunque se obtuviera el número de apoyos necesario, no existe una vinculación del órgano legislativo respecto de la iniciativa, aunque hay que reconocer que al menos se obligaría a nuestros "supuestos" representantes a manifestarse su criterio con el voto en asuntos que realmente interesan a un buen número de ciudadanos. Quizás si el sentido retributivo del voto se tuviera culturalmente asumido en nuestro país...

En relación con el procedimiento de elaboración de los reglamentos las posibilidades de participación para los ciudadanos tampoco es que sean demasiado favorables, sin que las posibilidades que ofrecen las TICs hayan recibido un reconocimiento expreso a nivel normativo, que sería la manera de luego poder exigir un determinado comportamiento al Gobierno de que se trate. Tomemos como ejemplo el ámbito estatal: el art. 24 de la Ley del Gobierno cuando la norma

"afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se les dará audiencia [...] directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley que los agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición. [...] Asimismo, y cuando la naturaleza de la disposición lo aconseje, será sometida a información pública durante el plazo indicado".

Parece evidente que la dicción literal de este precepto no es muy proclive a la posibilidad de que los ciudadanos manifiesten, formalizadamente y en el seno del procedimiento de elaboración de las normas reglamentarias, cuál es su criterio: tanto la intervención de las asociaciones como, sobre todo, la enorme discrecionalidad de la que se rodea la decisión de someter el texto a información pública dejan el asunto en manos del propio Gobierno. En fin, el zorro y el gallinero...

Tampoco es mucho más esperanzadora la regulación de la participación en el seno del procedimiento administrativo. Más allá del incuestionable derecho que tiene cualquier ciudadano en el concreto procedimiento en el que tenga la condición jurídica de interesado, el art. 86 de la Ley 30/1992 es incluso menos exigente al señalar que cuando la naturaleza del procedimiento así lo requiera se podrá acordar un período de información pública. Sin duda que parece necesario que las Administraciones Públicas asuman la complejidad del ámbito social y económico en que han de desarrollar su actividad y, en consencuencia, adapten la esencial herramienta del procedimiento administrativo a las exigencias y desafíos que plantea. A este respecto me parece especialmente recomendable la lectura del trabajo de Javier Barnés sobre el procedimiento administrativo y el gobierno electrónico, en particular la categorización que hace sobre la tercera generación de los procedimientos administrativos.

En fin, teniendo en cuenta las enormes posibilidades de participación que ofrece las TICs resulta evidente que el actual marco normativo es manifiestamente insuficiente. Parece la pescadilla que se muerde la cola: los ciudadanos no participan, pero es que el marco normativo tampoco invita a ello precisamente... ¿Y la Ley 11/2007, aporta alguna novedad destacable? Pues otra oportunidad perdida, aunque no debe extrañar dada la concepción "buRocrática" que impregna el modelo de gestión pública en que se sustenta la norma: ni una sola referencia a la participación más allá del reconocimiento de la misma como uno de los objetivos de la Ley en el art. 3.6. ¡¡¡Pero si luego no se establecen mecanismos concretos para conseguir el objetivo!!! Y del Real Decreto que desarrolla la propia Ley, pues mejor ni hablar... más de lo mismo.