Una de las principales tendencias de los servicios de la
sociedad de la información en la actualidad se refiere a la necesidad de
apostar por un modelo de negocio basado en el uso intensivo y extensivo de los
datos de los usuarios. Con frecuencia —más bien habitualmente— los servicios
tienden a ser gratuitos, al menos en apariencia, ya que normalmente el hecho de
que no se deba pagar una cantidad directamente por ellos no tiene por qué conllevar la
ausencia de lucro para el prestador de los servicios. Se ha instalado así una
cultura en lo que todo debe ser gratis, hasta el extremo de que en muchas
ocasiones lo que no aparezca en las primeras páginas de una búsqueda y no sea
pueda descargar o visualizar sin tener que abonar una contraprestación está
siendo ignorando por los consumidores y usuarios.
Se trata, sin duda, de un planteamiento más que legítimo en
el ámbito de los servicios privados, en los que los usuarios pueden elegir o
ignorar —en ambos casos libremente— el destino y los usos de la información que
proporcionan los prestadores de los mismos. Ahora bien, cuando dicho modelo de negocio se proyecta o más bien
se camufla en el ejercicio de derechos y libertades de contenido político,
entramos ya de lleno en el terreno de lo que resulta éticamente admisible y lo
que, por el contrario, no debería tolerarse por la ciudadanía. Y no me refiero,
más allá de las implicaciones para la protección de los datos personales, a las consecuencias jurídicas que puede tener este planteamiento puesto que, al fin y
al cabo, son los propios usuarios los que deciden utilizar tales servicios
según la configuración que ofrece su titular.
Precisamente, la reciente polémica sobre la explotación ycomercialización de la información proporcionada por los usuarios de laconocida web de participación y activismo político change.org ha puesto de
actualidad esta problemática. Resulta indudable que los usuarios se dan de alta
voluntariamente en estos servicios y, por tanto, consienten las condiciones que; aceptación que, al menos
teórica y potencialmente, se sustenta en la previa información sobre las
condiciones en que habrá de desenvolverse la relación jurídica que se entabla.
Ahora bien, no es menos cierto que bajo la apariencia de una herramienta que
facilita la participación y el derecho a la queja frente a las autoridades
públicas, aprovechando la demanda de la ciudadanía a este respecto en el actual
contexto político-económico, según la citada noticia se podrían estar manejando
datos sensibles de los ciudadanos como los que revelan una determinada
ideológica para “monetizarlos”, esto es, lo que eufemísticamente se viene
denominado “ponerlos en valor”.
Pero otro modelo no sólo es posible en este ámbito de los
derechos y libertades políticos sino que, además y sobre todo, resulta aún más
necesario teniendo en cuenta dicha tendencia. Más aún, la sociedad civil debe reaccionar frente a las dificultades y
barreras que los propios poderes públicos han ido construyendo para impedir el
pleno ejercicio de las posibilidades de participación y, como no podría ser de
otra manera, ha de hacerlo aprovechando al máximo las posibilidades que ofrecen
las tecnologías de la información y la comunicación.
Plenamente convencidos de todo ello hace ya unos años creamos
la asociación Mifirma.com, en la que un grupo de convencidos por la necesidadde reforzar el carácter democrático de nuestros poderes públicos ponemos al
servicio de la sociedad nuestros conocimientos, experiencia, tiempo y recursos
económicos, en este último caso a través de las aportaciones que periódicamente
realizamos como asociados. A diferencia de otros prestadores como el que serefiere en la noticia, ofrecemos un servicio con plenas garantías jurídicas, de
manera que cuando se firma en apoyo de una iniciativa legislativa popular
—coloquialmente ILP— no se trata de una mera queja o válvula de escape sino
que, por el contrario, la decisión del ciudadano tiene pleno valor legal. Y
además lo hacemos gratis total, sin tratar de "monetizar" la información; más aún, con gran satisfacción porque creemos en ese
principio que, con el esfuerzo e incluso la vida de muchas personas, se alumbro
allá por el año 1978 y que declara que el Estado no puede sino ser democrático.
Desde esta convicción, demostrada durante estos años de
existencia de Mifirma.com, debemos exigir que no pisoteen los derechos y
libertades constitucionales, aunque sea con el consentimiento presuntamente
informado de la ciudadanía. Y nuestra forma de demostrarlo es tratar de dar un
paso más y ofrecer un servicio que pensamos tiene un innegable valor
estratégico: la posibilidad de recabar las firmas en apoyo de las ILPs y otras actuaciones
a través del móvil. Pero como no queremos cobrar a nuestros usuarios ni
comerciar con sus datos y, además, estamos convencidos de las posibilidades que
ofrece Internet para fomentar iniciativas colaborativas hemos puesto en marchauna recogida de fondos en goteo.org para tratar de convertir en realidad este desafío.
Si compartes esta filosofía y te animas a apoyarnos
económicamente con tu aportación, aparte de las modestas recompensas que
ofrecemos y de las que puedes informarte en la web de goteo.org, te daremos
las gracias muy sinceramente no sólo en nuestro nombre sino también de la
sociedad entera, que será la beneficiaria de la puesta en marcha de este
servicio. Si no puedes permitirte la colaboración económica, dedica al menos
unos minutos a difundir nuestro proyecto: sólo podemos asegurarte que nuestro
agradecimiento será igualmente sincero. ¡Esa es la esencia de nuestro modelo de
negocio!
PD: también admitimos colaboraciones en especie que nos
ayuden a mejorar las herramientas de que disponemos y los servicios que
ofrecemos. Si tienes interés no dudes en contactarnos.
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