La
modernización tecnológica en la actividad de las Administraciones Públicas y
las relaciones con la ciudadanía no se ha planteado, en general, como una
oportunidad para la innovación aprovechando las posibilidades que ofrece la
tecnología. Es más, desde una perspectiva jurídica, tradicionalmente se ha
suscitado en qué manera el Derecho podría
considerarse una barrera o dificultad para la definitiva implantación del
uso de medios electrónicos en el sector público. Aunque hace ya unos años tuve
oportunidad de realizar una primera aproximación al tema en mi libro Derecho,
innovación y Administración electrónica, publicado en 2014 por la
editorial Global
Law Press, la próxima entrada en vigor de las Leyes 39/2015 sobre
procedimiento administrativo y 40/2015 sobre régimen jurídico del sector
público obligan, de nuevo, a tener en cuenta esta tensión para tratar de
valorar hasta qué punto la nueva regulación podría convertirse en un motor para
la transformación de las Administraciones Públicas.
Sin
embargo, dado que esta reflexión al hilo de la reforma legal ya la hemos
suscitado con ocasión de la tramitación de los proyectos de ley en la jornada
que tuvo lugar en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, me
gustaría ahora abordar esta dicotomía desde una perspectiva más elevada,
teniendo en cuenta por una parte los cambios de paradigma a los que nos aboca la
tecnología desde la perspectiva de la innovación y, de otra parte, la necesaria
reconfiguración de las garantías jurídicas que, como consecuencia, han de
llevarse a cabo para evitar que el Derecho termine por convertirse en una
herramienta desfasada y, por lo tanto, ineficaz. En última instancia, el
proceso de modernización tecnológica que implica la Administración
electrónica debe plantearse desde el enfoque de las necesidades de los usuarios
de los servicios, sin por ello perder de vista que, en última instancia, las
instituciones públicas están llamadas al servicio de los intereses generales.
¿Cómo encontrar ese difícil equilibrio?
Pues bien,
por lo que se refiere a los cambios de paradigma necesarios para aprovechar las
posibilidades tecnológicas, podríamos identificar los siguientes:
- La apuesta decidida por la automatización y, por tanto, la ausencia de intervención directa por parte de las personas físicas. Y no sólo por lo que se refiere a las comunicaciones —donde ya se haya ciertamente generalizado, tal y como demuestran por ejemplo los registros electrónicos—, sino en general respecto de la actuación administrativa de una parte y, lo que sin duda constituye un gran desafío, de la que lleven a cabo los propios usuarios de los servicios. ¿O es que no resulta necesario avanzar jurídicamente en esta línea cuando las relaciones con la Administración Pública se plantean mediante el uso de aplicaciones móviles?
- La gestión documental se ha de plantear a partir de los datos como unidades mínimas y no partiendo de los documentos y expedientes, instrumentos que sin estar llamados a desaparecer al menos en el futuro más inmediato, deben pasar a jugar un papel secundario en el contexto de la Administración electrónica. Sólo desde esta perspectiva se puede potenciar el open data, las interconexiones automatizadas como alternativa a la carga documental o, sin ánimo exhaustivo, la efectiva apuesta por la interoperabilidad desde la perspectiva jurídica y organizativa.
- Debido a la mayor complejidad que supone el uso de la tecnología, aparecen nuevos sujetos prestadores de servicios que llevan a cabo una función de intermediación, de manera que las relaciones entre la Administración y los usuarios ya no tiene lugar de manera directa. Los ejemplos son numerosos: el alojamiento de datos y servicios en la nube, los certificados digitales, el acceso a las redes, las aplicaciones necesarias para entablar comunicaciones tradicionales —presentación de escritos, recepción de notificaciones…—, para la gestión documental o, sin ánimo exhaustivo, las que permiten acceder a servicios basados en la reutilización de información en poder de las entidades públicas.
- La proactividad y la personalización de los servicios, en tanto que servicios de valor añadido que puede ofrecer la Administración, determinan que no deba esperar a que sean necesariamente los destinatarios de los servicios quienes se dirijan a ella —incluso a través de las sedes electrónicas—. Antes al contrario, la Administración está llamada a tener presencia allí donde se encuentren los destinatarios de su actividad, lo que resulta especialmente claro en el caso de las redes sociales y puede ampliarse con otras herramientas características del actual desarrollo que está viviendo Internet.
- Habría pues que plantear en qué medida es posible una colaboración abierta con los prestadores de servicios más extendidos en Internet, de manera que tanto las entidades públicas como los sujetos privados puedan beneficiarse de las sinergias que pueden generarse. Sólo desde este planteamiento podría explorarse las posibilidades de sistemas de identificación compartidos, mecanismos para simplificar la aportación documental desde servicios privados de almacenamiento en la nube, gestión conjunta de servicios de gran impacto en la sociedad actual —el caso de la búsqueda de empleo y la formación resultan especialmente significativos— o, entre otros, la comunicación de actuaciones administrativas incluso formalizadas allí donde se encuentren sus destinatarios. Así pues, la comunicación ya no se tendría que producir necesariamente en entornos formalizados y controlados por la Administración.
- Más aún, desde estas coordenadas, el procedimiento administrativo entendido como la serie ordenada de trámites previos a la adopción de las decisiones administrativas debe ser necesariamente reformulado. En efecto, de una parte, no siempre podrá afirmarse que todos y cada uno de los trámites han tenido lugar en una secuencia temporal ordenada cronológicamente, ya que la flexibilidad que ofrece la tecnología permite superar las restricciones que conlleva la ordenación formal en que sustenta la regulación legal del procedimiento administrativo. Y, de otra parte, simple y llanamente, puede darse el caso de que la decisión adoptada no se haya sometido a procedimiento alguno en sentido estricto, tal y como sucede con las llamadas actuaciones de respuesta inmediata.
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