Derecho, tecnología y modernización administrativa

La futura Ley de Transparencia (y 2)

2013-06-17T09:29:00.003+02:00

Seguimos con la continuación de la anterior entrada sobre la regulación sobre transparencia y acceso a la información administrativa que publicamos hace unos días

[...]

6. No obstante, también requiere una adaptación de las garantías técnicas y jurídicas que aseguren el cumplimiento de las medidas de seguridad que impidan los accesos indebidos, en particular desde la perspectiva de la normativa sobre protección de datos personales. En consecuencia, resulta imprescindible configurar sistemas de control ex antede carácter general y abstracto ya que, una vez que se opta por la automatización, el control en cada caso concreto de la finalidad que justifica el acceso que lleva a cabo una persona física —el personal al servicio de la Administración— resulta disfuncional. Se trata, en definitiva, de sustituir el sistema de supervisión basado en el control directo de la procedencia de cada solicitud de acceso por controles automatizados basados en el previo diseño de las aplicaciones informáticas, lo que obliga a reforzar el cumplimiento de las garantías jurídicas en cuanto al ejercicio de la competencia por parte de los órganos que la tengan formalmente atribuida, en particular desde la perspectiva de las actuaciones administrativas automatizadas.

7. La Ley 11/2007, de 22 de junio, ha reconocido importantes derechos a los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, si bien al conferirles la elección del canal a utilizar dificulta la configuración práctica del derecho de acceso, ya que el objeto del mismo puede estar referido a una copia en un soporte y un formato distinto del documento original. En consecuencia, la gestión documental en el ámbito administrativo ha de tener en cuenta, necesariamente, la duplicidad de soportes —papel y electrónico—, de manera que el acceso a la información habrá también de adaptarse a esta singularidad. Incluso, si como ha planteado el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se establece una preferencia por el acceso a través de medios telemáticos, la constatación de que los documentos requeridos se encuentran en soporte papel obligará a su transformación y, por tanto, será necesario adoptar las medidas que aseguren la integridad y autenticidad de dicho documento que, en consecuencia, sólo será una copia auténtica cuando se respeten las exigencias legales al respecto. Si bien, en muchos casos, esta singular eficacia jurídica no será necesario, de manera que podría incluso plantearse una relación —o, mejor dicho, adaptación— de tales exigencias en función de la finalidad que se pretenda satisfacer con la reutilización.

8. Asimismo, ha creado la sede electrónica de las Administraciones Públicas en tanto que prolongación de sus oficinas presenciales, regulando una herramienta basada en el reforzamiento de las garantías técnicas y jurídicas en que tiene lugar el acceso a la información y a los servicios. No obstante, ello no supone que se impida la utilización de otros medios más flexibles como las páginas web ordinarias o las redes sociales, de manera que la opción por tales vías en modo alguno puede conllevar la admisibilidad de cláusulas unilaterales de exoneración de responsabilidad sin mayores matizaciones. Antes al contrario, como cualquier actividad de las Administraciones Públicas se ha de encontrar sometida a Derecho y, en consecuencia, será necesario precisar las circunstancias concretas de cada caso para, en función de la naturaleza de la información administrativa, las características y el origen del daño causado, determinar quién ha de responder en cada caso.

9. Por lo que se refiere a la proyectada regulación enmateria de transparencia y buen gobierno, se pretende impulsar el uso de medios electrónicos en este ámbito, especialmente en relación con la difusión activa de información, si bien su redacción actual no obedece a un modelo de gestión documental avanzada que, por tanto, impregne el régimen que contempla del derecho de acceso a la información administrativa. No obstante, el texto publicado en el Boletín Oficial del Congreso supone un avance importante a la hora de facilitar el acceso a la información, en particular por lo que respecta a los problemas relacionados con la protección de los datos de carácter personal. En efecto, hasta ahora se aduce con relativa frecuencia en la práctica que la presencia de datos personales en la documentación que se pretende conocer impediría el acceso por terceros que no fueran los titulares de los datos, impidiéndose así la adecuada satisfacción de otros bienes jurídicos que, en ocasiones, pudieran tener idéntico rango constitucional. Así, el citado Proyecto de Ley ofrece criterios concretos que han de tener en cuenta los órganos administrativos a la hora de valorar si la privacidad de las personas físicas cuyos datos consten en la información a la que se pretenda acceder ha de sacrificarse.

10. Aun cuando la valoración general que deba hacerse de la regulación proyectada sea necesariamente positiva en la medida que dota de mayor seguridad jurídica a este ámbito material, lo cierto es que pueden suscitarse algunos problemas interpretativos al no haberse tenido en cuenta de forma sistemática todas las normas aplicables y, en particular, al extenderse su aplicación a otros sujetos de los que tradicionalmente ha venido constituyendo el ámbito subjetivo del derecho de acceso a los archivos y registros administrativos. Así sucede, por ejemplo con las previsiones generales que contiene la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las normas sobre Administración electrónica de la Ley 11/2007 o, sobre todo, las previsiones en materia de acceso y reutilización de la información administrativa que, por otra parte, están siendo objeto de revisión a nivel europeo en la medida en que el modelo de la Directiva de 2003 en que se basa la Ley española de 2007 se considera claramente superado.

11. Las posibilidades de la tecnología proyectadas sobre el acceso y la difusión de la información administrativa ofrecen importantes ventajas para una gestión basada en la innovación de la gestión documental, planteamiento que en muchos casos se basa en parámetros lejanos a la formalidad y el rigor en la exigencia de las garantías técnicas que tradicionalmente se han predicado del documento electrónico. Así sucede, singularmente, en relación con la personalización de los servicios de acceso a la información o la comunicación que tiene lugar a través de las redes sociales; herramientas cuyo potencial no puede ser minusvalorado a la hora de facilitar la accesibilidad a la actividad y la información de las Administraciones Públicas. Ahora bien, la propia naturaleza de estos instrumentos impide que ciertas actuaciones y comunicaciones se realicen por estos cauces, en particular aquellas que han de estar caracterizadas por mayores exigencias en cuanto a la integridad y la autenticidad de la información. En consecuencia, las consecuencias prácticas desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial también deben ser matizadas a fin de no impedir su funcionalidad específica.

12. Por su parte, la gestión documental basada en los servicios prestados en la nube —cloud computing— conlleva la intervención de un nuevo intermediario tecnológico, sin que su participación pueda afectar ni impedir la normal prestación de los servicios de acceso y difusión de la información administrativa. Para ello las Administraciones Públicas han de poner a su disposición las herramientas técnicas y materiales necesarias, sin perjuicio de que a todos los efectos jurídicos y, al menos desde la perspectiva del ciudadano, sean aquellas las que en todo caso han de aparecer como responsables de la actividad que se realicen y, en concreto, de los servicios informativos que se presten.

13. Pero sin duda el modelo normativo de acceso a la información administrativa más sugerente es el que se ha articulado en torno al régimen jurídico de la reutilización de la misma, cuya manifestación más avanzada se ha venido a denominar open data. Sus características principales son:

• el acceso y, por tanto, la gestión documental no sólo ha de tener lugar en soporte electrónico sino, además, en un formato abierto e interoperable que facilite la reutilización posterior de manera automatizada;

• el acceso de parte de los ciudadanos no se produce ya directamente a la información en poder de las Administraciones Públicas sino, por el contrario, a servicios prestados por terceros denominados agentes reutilizadores;

• tales agentes se relacionan jurídicamente de forma directa con los ciudadanos y, en consecuencia, se hacen responsables de los servicios que prestan, sin perjuicio de las matizaciones que anteriormente se han realizado por lo que respecta a los daños derivados de los problemas relacionados con la información suministrada por aquellas;

• la autorización específica caso por caso se viene a sustituir, con carácter general, por una licencia de uso de la información, cuya versión más avanzada ni siquiera requiere solicitarla sino, simplemente, acceder a la información y utilizar los servicios derivados.

La futura Ley de Transparencia (1)

2013-06-08T09:51:00.000+02:00

Como es bien sabido, se está tramitando en las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Transparencia y Bueno Gobierno que, según las noticias más recientes, parece que se va a impulsar definitivamente en los próximos meses. En esta y futuras entradas se formulan algunas reflexiones acerca de esta relevante iniciativa desde la perspectiva del uso de medios electrónicos.

1. El acceso a la información y su difusión a través de medios electrónicos constituye una exigencia inexcusable en el actual estado de evolución tecnológica de la sociedad, tanto por razones de eficiencia como de fortalecimiento del carácter democrático de las Administraciones Públicas. Sin embargo, en el marco normativo actualmente en vigor y la regulación proyectada en materia de transparencia se plantea como una adaptación al soporte electrónico de un modelo de gestión tradicional, de manera que no se adapta en gran medida a las posibilidades y exigencias del open data. Se trata de una consecuencia en gran medida derivada de un deficiente planteamiento metodológico por parte del legislador, que no ha tenido en cuenta la existencia de normas que, aun partiendo de su limitado ámbito de aplicación subjetivo, podrían servir de referencia a la hora de aprobar un régimen jurídico completo, exhaustivo y sistemático que, además del acceso basado en la solicitud caso por caso, permita aprovechar las posibilidades de la innovación basada en la tecnología.

2. El uso de medios electrónicos permite superar el modelo tradicional en que se ha venido configurando el ejercicio del derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, de manera que si se diseña aprovechando las posibilidades que ofrece la tecnología ya no sería imprescindible la formulación de una solicitud ni la tramitación de un procedimiento en los términos que comúnmente se utilizan. Por el contrario, la autorización que permite la reutilización de la información administrativa tendrá lugar a través de licencias ad hocque, incluso y según los supuestos, pueden estar previamente redactadas, de manera que con el simple acceso y descarga de la información pueda entenderse su aceptación. Para aquellos supuestos en que el uso pretendido escape de la licencia general se habrán de utilizar licencias específicas, en las que sí que cobra nuevamente sentido la solicitud particular que dará lugar a una decisión administrativa que, en principio, será unilateral como cualquier acto administrativo.

3. Más aún, siempre que se configuren adecuadamente las garantías de identificación de los sujetos titulares del derecho, ni siquiera sería necesaria una autorización específica en aquellos supuestos en que resulte imprescindible un derecho o interés legítimo en el acceso, pudiendo el sujeto activo del derecho ver satisfecho su derecho de forma directa. Para ello resultaría imprescindible llevar a cabo la previa identificación del accedente y la correspondiente vinculación a la información que resulte accesible, de manera que ya no sería necesario por parte de la Administración Pública la entrega física o material de la información, bastando pues la simple puesta a disposición para que el interesado pueda descargar la información que desee. De esta manera se superan las limitaciones que tradicionalmente habían caracterizado el régimen jurídico del derecho de acceso en aquellos supuestos en que no se concretase suficientemente el objeto de la solicitud de acceso.

4. El uso de medios electrónicos conlleva un desplazamiento desde el punto de vista conceptual desde el documento a la información —esto es, del continente al contenido—, facilitando de este modo la implantación de servicios avanzados de gestión documental que, por su parte, plantean asimismo relevantes desafíos. Así pues, más que la obtención de un documento formalizado a partir de criterios formales y estructurales concretos, la utilización de medios electrónicos a la hora de acceder a la información administrativa y, en particular, el modelo de open dataplantea que el acceso tenga lugar a información concreta que, en consecuencia, tendría que adaptarse en sus garantías de integridad y autenticidad a esta singularidad. En todo caso, cuando por razones jurídicas fuera necesaria la expedición de una certificación o documento de constancia similar, dicha actuación podría llevarse a cabo de manera automatizada conforme a las exigencias legales en la materia, lo que permitiría reforzar la eficacia jurídica del documento así generado.

5. En este sentido, la gestión avanzada de la información permite segmentarla y, en consecuencia, facilita su tratamiento avanzado, posibilidad que ofrece un valor añadido a la hora de permitir el acceso parcial cuando existan limitaciones jurídicas que impidan el acceso completo o, en su caso, la implantación de sistemas de consulta personalizados que adapten el contenido del acceso a la posición jurídica de quien lo solicita. En particular, la disociación facilita la desvinculación de los datos respecto de las personas físicas a que se refieren, de manera que con carácter general no resulte necesario ni el consentimiento de las mismas ni habilitación legal a los efectos de la normativa sobre protección de datos. Ahora bien, para ello la Administración Pública ha de proceder previamente a reconfigurar el diseño de sus sistemas informativos, de manera que ya desde la recopilación y el tratamiento iniciales de la información pueda llevarse la gestión autónoma de los diferentes campos informativos y, al mismo tiempo, su interconexión en función de las concretas circunstancias exigidas por la finalidad que se pretenda satisfacer.

(seguirá...)

Big data y actividad inspectora de las Administraciones Públicas

2013-02-28T21:28:00.001+01:00

El uso avanzado de la información administrativa constituye un relevante desafío para el Derecho por cuanto conlleva una tensión latente para las bases conceptuales y las garantías jurídicas en las que se basa la regulación vigente. En el caso del big data las posibilidades de tratamiento de información de los ciudadanos plantean un escenario ciertamente apetecible —incluso podríamos decir que tentador— desde la perspectiva de la eficiencia y eficacia de la actividad de las Administraciones Públicas, en particular por lo que respecta a las funciones de inspección y supervisión de la actividad de los particulares.

Tanto el big data como el open data se han presentado como alternativas dotadas un destacado potencial, si bien su virtualidad en el ámbito de las Administraciones Públicas se enfrenta a una serie de problemas y dificultades que, desde el punto de vista jurídico, pasan necesariamente por la adaptación de las garantías formales en que tradicionalmente se ha basado el marco normativo regulador de la actividad administrativa.

Se ha mantenido en relación con el big data que es la próxima frontera para la innovación, la competitividad y la productividad. Esta afirmación se basa en la evidencia de que los medios tecnológicos actualmente disponibles permiten llevar a cabo tratamientos de la información que exceden la capacidad de procesamiento de las herramientas de software de bases de datos convencionales en relación con la captura, almacenamiento, gestión y análisis, de manera que la obtención de un valor añadido de los datos requiere la utilización de formas alternativas para su tratamiento. Esta exigencia se basa en el incremento sustancial tanto del volumen de información que se maneja, la velocidad con que se hace y, asimismo, la variedad de los datos y la fuentes de información. No se trata simplemente de una simple agregación cuantitativa de tales variables sino, sobre todo, cualitativa, ya que el incremento en el número de datos que se procesan conlleva igualmente una mayor exactitud en el tratamiento de la información; y, del mismo modo, el aumento exponencial de las fuentes de donde se obtienen los datos permite identificar las que ofrecen información de interés, descartando los datos irrelevantes. Y todo ello de manera prácticamente instantánea en muchos casos, lo que facilita la adopción automatizada de decisiones.

En el caso de las Administraciones Públicas son numerosos los proyectos que ya se han puesto en marcha y que, por ejemplo, han permitido incrementar notablemente la eficacia y eficiencia de sistemas de gestión de recursos naturales y bienes de dominio público, plantear políticas públicas mejor enfocadas en ciertos sectores clave como la sanidad o, más recientemente, dar soporte avanzado a las denominadas ciudades inteligentes.

Por lo que respecta específicamente a la actividad inspectora de las Administraciones Públicas, los tratamientos de información propios del big data ofrecen posibilidades innovadoras, hasta ahora desconocidas, en relación con las actuaciones de comprobación propias de la actividad inspectora que realizan las Administraciones Públicas en diversos sectores, en particular aquellas que se basan en el procesamiento de información. En concreto, la nota distintiva de esta modalidad es que permite realizar comprobaciones masivas de forma automatizada no sólo con las propias bases de datos o, en su caso, de otras Administraciones Públicas o entidades privadas a través de los cauces y protocolos formales que se establezcan sino, incluso, con la información desestructurada a la que pueda accederse libremente en Internet, esto es, que no se encuentre protegida con medidas de seguridad adecuadas. Se trata, por tanto, de una herramienta de un relevante potencial en la realización de actividades de inspección en sectores como la recaudación de impuestos, el control de las bajas médicas y su incidencia sobre el sistema de prestaciones, la gestión de subsidios por desempleo o, en general y sin pretensiones de exhaustividad, la supervisión sobre la realización de actividades vinculadas al otorgamiento de subvenciones.

Sin embargo, la gran pregunta que nos planteamos es la siguiente: ¿estamos preparados para abordar los desafíos jurídicos que supone esta modalidad de tratamiento de la información por parte de las Administraciones Públicas? Si estás interesado en la respuesta a esta pregunta, te sugiero la lectura de la comunicación que presenté al Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo que hace unas semanas se celebró en Alicante.

ILP dación en pago y firma electrónica

2013-02-15T09:35:00.003+01:00

Como sabréis por anteriores entradas, uno de mis temas preferidos se refiere al uso de la firma electrónica para apoyar iniciativas legislativas populares. Hace ya algunos meses, un grupo de profesionales pertenecientes a diversos ámbitos creamos MiFirma.com una asociación para impulsar el apoyo a las iniciativas legislativas populares a través de la firma electrónica. Pues bien, desde MiFirma.com prestamos el servicio de firma electrónica a la iniciativa legislativa popular relativa a la regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social. Según informan en su propia web y en la práctica totalidad de los medios de comunicación, el Congreso de los Diputados ha acordado unánimemente admitir su tramitación parlamentaria. Aunque sólo sea una primera victoria en un proceso que será largo, sin duda este es un momento que sirve para compensar sobradamente las dificultades, sinsabores y problemas que conllevan una acción como la que han llevado a cabo.
Como asociación sin ánimo de lucro, desde MiFirma.com nos sentimos muy honrados de haber podido dar cauce a su iniciativa para recopilar apoyos a través de la firma electrónica. Precisamente, las dificultades que en su día tuvimos que afrontar también ha servido para nosotros como acicate, de manera que por fin hemos podido superar las injustificadas restricciones que imponían la Junta Electoral Central y la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre para el uso de los certificados expedidos por esta última entidad (pueden ver más información al respecto aquí: http://blog.mifirma.com/2012/11/nueva-version-recogida-de-firmas-con-certificado-de-la-fnmt/).
Creo que es imprescindible dar las gracias a los promotores de esta ILP por el empeño que han demostrado en sacar adelante una iniciativa tan necesaria como la que, finalmente, va a tramitar el Congreso. Pero sobre todo porque nos han marcado una referencia: la necesidad de ejercer activamente los derechos de participación que tenemos formalmente reconocidos los ciudadanos, cuyo potencial se refuerza cuando se encuentran fórmulas de colaboración eficaces.
Que no sea la última ILP... ¿os imagináis el día en que recibamos mensajes de correo informando de nuevas iniciativas que podamos apoyar con nuestra firma electrónica sin tener siquiera que salir de casa? Pues bien, ¡¡¡ese día ha llegado!!! Sólo hacen falta comisiones promotoras que las promuevan.

Curso MOOC (masivo y abierto) sobre Administración electrónica

2013-01-30T00:25:00.002+01:00

Una de las últimas tendencias en relación con las actividad docente en Internet consiste en los denominados MOOC, esto es, cursos masivos y abiertos. Se trata de cursos gratuitos basados en un proceso de autoaprendizaje de los alumnos que permiten, por tanto, una gran flexibilidad.

A través del portal Miriadax, desde la Universidad de Murcia ofrecemos un curso gratuito de introducción a la Administración electrónica. La metodología se basa en la utilización de videos tutoriales sobre cada uno de los módulos, así como un cuestionario de autoevaluación y foros de debate. El curso comenzará el 18 de febrero y, como antes señalaba, la inscripcióon es gratuita.

El acceso a la actividad se encuentra disponible desde este enlace: http://miriadax.net/web/iniciacion_administracion_electronica

Confiamos que os pueda resultar de interés y utilidad, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias de las Administraciones Públicas en estos tiempos que corren para ofrecer actividades formativas a su personal.

Notificaciones electrónicas obligatorias: el TS admite su validez en el ámbito tributario

2012-05-28T09:41:00.003+02:00

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha admitido la validez de la imposición, a través del Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, de las notificaciones electrónicas en el ámbito tributario. Se trata, sin duda, de una resolución especialmente importante ya que, a menos que me haya despistado, es la primera sentencia del Alto Tribunal referida a las previsiones de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

En concreto, el Real Decreto impugnado fue dictado al amparo del art. 27.6 de la citada Ley, donde se establece que

Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

Después de una detenida lectura del ámbito de aplicación subjetivo del citado Real Decreto (artículo 3), lo cierto es que quedan pocas dudas acerca de la proporcionalidad de la medida, ya que se refiere sobre todo a personas jurídicas que en principio deberían tener la capacidad suficiente para disponer de los medios que les permitan acceder a los medios tecnológicos necesarios para recibir las comunicaciones electrónicas por estos medios.

Más sugerente resulta, por el contrario, el argumento que los recurrente utilizaron sobre la singularidad de la normativa tributaria. En efecto, según la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET), la regulación impugnada carecía de fundamento en la Ley General Tributaria, considerando que la habilitación del art. 27.6 de la Ley 11/2007 no era adecuado al tratarse de una normativa de carácter general para el conjunto de las Administraciones Públicas. La sentencia rechaza esta argumentación al entender que procedería la aplicación supletoria del referido precepto legal, ya que la Ley General Tributaria no regula expresamente el uso de medios electrónicos en la práctica de las notificaciones.

Se trata de una argumentación ciertamente discutible, pero no tanto porque coincidamos con la perspectiva de la Asociación recurrente sino, antes bien, en la medida que habría que discutir la divergencia regulatoria en los ámbitos general y tributario. En efecto, según la disposición final cuarta de la Ley 11/2007, las previsiones de su título III (artículos 33 a 39) serán de aplicación según lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Según esta última, se reconoce la singularidad de la regulación tributaria por lo que respecta a la regulación del procedimiento administrativo, previsión que al menos desde una consideración general y teniendo en cuenta el sentido de la garantía constitucional del art. 149.1.18ª, debe ser cuestionada. Más aún cuando el propio legislador estatal ha ido sucesivamente desnaturalizando el procedimiento administrativo común, de manera que ya no sólo el tributario se escapa del mismo sino también los relativos a la Seguridad Social, desempleo, infracciones en el orden social, procedimientos disciplinarios frente al personal al servicio de las Administraciones Públicas y, desde mayo de 2010, incluso las sanciones de tráfico. Parece, por tanto, que la Ley 30/1992 tiene carta blanca para seguir desnaturalizando la garantía constitucional de que exista un procedimiento administrativo común, de manera que la amplia lista que se acaba de enumerar podría seguir ampliándose indefinidamente. Parece que el procedimiento común podría terminar convirtiéndose en un queso gruyere con demasiados agujeros...

En todo caso, lo cierto es que el art. 27.6 de la Ley 11/2007, según confirma el propio legislador, no estaría afectado por la singularidad tributaria respecto de la regulación del procedimiento. En consecuencia, el tenor literal de la remisión que realiza la disposición final cuarta de la Ley 11/2007 nos permite concluir que la posibilidad de imponer el uso de medios electrónicos en las notificaciones es plenamente aplicable al ámbito tributario, pero no por vía de supletoriedad como afirma el Tribunal Supremo sino de manera directa.

Administración electrónica, transparencia y acceso a la información administrativa: algunas enseñanzas desde la perspectiva del open data

2012-05-18T09:25:00.001+02:00

Esta entrada ha sido publicada inicialmente en el blog Privacidad Práctica, gracias a la amable invitación que en su día me formularon sus responsables: gracias Esther, Alfonso, Santi y sobre todo Luis, que fue quien me convenció. Reproduzco aquí algunas de las ideas principales y, en caso de que os guste, al final se encuentra un enlace para facilitar la lectura de algunos aspectos más desarrollados en la entrada del citado blog.

Uno de los principales debates que se están produciendo en las últimas semanas en relación con el uso de la tecnología por parte de las Administraciones Públicas está relacionado con la demanda social de fomentar la transparencia y el acceso a la información que se encuentra en su poder. En este sentido, el Gobierno estatal hizo público un borrador de Anteproyecto de Ley a fin de que por parte de la sociedad civil se hiciesen las consideraciones, sugerencias y propuestas que se considerasen oportunas, de manera que confiamos que dentro de no mucho se proceda a la aprobación de un proyecto de ley por parte del Consejo de Ministros que se remita a las Cortes Generales para su tramitación.

Desde la perspectiva del uso de medios electrónicos en la actividad administrativa resulta oportuno reflexionar en qué medida puede incidir en el acceso y difusión de la información administrativa y, en particular, valorar hasta qué punto el citado Anteproyecto apuesta de manera decidida por fomentar la transparencia aprovechando las ventajas que ofrece la tecnología. Así, al margen de que se puedan formular las solicitudes de acceso a través de los registros electrónicos y previa la tramitación del oportuno procedimiento, nos interesa ahora centrarnos precisamente en los supuestos en que esa exigencia formal no resulta aplicable, ya que en definitiva son esos casos los que mejor ejemplifican las posibilidades de innovación que permite la tecnología y, en consecuencia, los que debieran analizarse por su mayor interés.

En primer lugar hay que partir de la premisa de que la Administración electrónica ofrece, al menos potencialmente, un reforzamiento del acceso a la información por cuanto permite un modelo proactivo en el que no resulta imprescindible que los ciudadanos tomen la iniciativa y requieran ejercer su derecho de acceso sino que, antes al contrario, es la propia Administración quien la difunde. Ciertamente, con carácter general no se requiere una previsión legal para que los poderes públicos en cuyo poder se encuentra la información apuesten por una política activa de difusión de la misma o, en otras palabras, nada impide que voluntariamente decidan ser más transparentes. Sin embargo, el problema radica en que carecemos en España de una cultura social y política que fomente y exija la mayor accesibilidad de la información en poder de las Administraciones Públicas, de manera que no debe sorprendernos el hecho de que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, ni siquiera se tomase la más mínima molestia a la hora de configurar obligaciones precisas de difusión activa de la información a pesar de que la tecnología, como destacábamos anteriormente, permitiría haber realizado una apuesta efectiva porque la Administración fuera más transparente. De ahí que las previsiones del Anteproyecto obligando a la difusión informativa a través del denominado Portal de la Transparencia deban ser valoradas con una avance relevante.

Sin embargo, sorprende que el Anteproyecto no se plantee en modo alguno la necesidad de ponderar la incidencia que la difusión activa pueda tener desde la perspectiva de la protección de los datos personales en estos casos cuando, por el contrario, sí que ha establecido unas previsiones específicas cuando en el capítulo II se ocupa de regular los supuestos en que el acceso tenga lugar previa solicitud. Se trata, sin duda de una omisión injustificada por diversas razones. En primer lugar teniendo en cuenta los numerosos problemas prácticos que conlleva la difusión de información administrativa en Internet, tal y como demuestras las diversas tomas de postura de las autoridades de control españolas al respecto y, en concreto, los todavía difusos contornos del llamado derecho a ser olvidado o derecho al olvido. Ahora bien, podría comprenderse esta omisión legal en razón de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha de pronunciarse todavía al respecto en la cuestión prejudicial que le ha suscitado la Audiencia Nacional, por lo que una elemental prudencia puede aconsejar esperar hasta el órgano europeo fije los oportunos criterios interpretativos. Sin embargo, aun teniendo en cuenta esta elemental exigencia, lo cierto es que dicho tribunal ya ha tenido ocasión de adelantar su oposición a que tengan lugar políticas activas de difusión informativa generalizadas cuando afecten a datos personales (STJUE 9 de noviembre de 2010), por lo que resulta llamativo que en el Anteproyecto no se plantee siquiera en qué condiciones ha de tener lugar la difusión de información relativa a los adjudicatarios de contratos o los beneficiarios de subvenciones cuando sean personas físicas.

Pero sin duda la principal objeción que podría hacerse al Anteproyecto desde la perspectiva que ahora nos interesa se refiere al modelo de obtención y tratamiento de la información en que se basa: o, en otras palabras, que ni siquiera se plantea las posibilidades de innovación en el actual contexto del open data. A este respecto, el modelo normativo más avanzado que se ha aprobado hasta ahora en España es el que inspira la regulación sobre reutilización de la información del sector público estatal y, en concreto, el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre.

¿Cuáles son las principales características de este nuevo modelo de acceso a la información administrativa que, en última instancia, habrían de tenerse en cuenta en la medida que pueden incrementar notablemente y de forma eficaz la transparencia de las Administraciones Públicas?

Como decía al principio, esta entrada ha sido publicada inicialmente en el blog Privacidad Práctica, de manera que en este enlace puede accederse al texto completo donde continua esta reflexión y se aportan algunas ideas para tratar de dar respuesta a este interrogante.

Firma electrónica ILP dación en pago por hipotecas

2012-05-04T17:52:00.002+02:00

En anteriores entradas os había comentado la posibilidad de firmar electrónicamente en apoyo de iniciativas legislativas populares (ILPs). Primero fue gracias al apoyo que desde la Universidad de Murcia dimos a la ILP relativa al proyecto Río de Firmas, que fue la primera ILP que se pudo firmar electrónicamente en España a pesar de que, recientemente, otras se hayan atribuido ese logro. Imagino que serán imprecisiones derivadas de las imprecisiones propias del lenguaje periodístico, tal y como demuestra esta otra noticia sobre el asunto que me gustaría comentar en esta entrada.

En fin, vuelvo de nuevo sobre el tema de la firma electrónica de las ILPs porque a través de mifirma.com, proyecto del que formo parte junto con un amplio grupo de voluntarios, hemos dado un paso más. En concreto ya es posible no sólo firma electrónicamente en apoyo de una ILP sino que, además, también se pueden reclutar fedatarios a través de la firma electrónca, figura pensada para ayudar en el proceso de recogida de firmas manuscritas. ¿Dónde está la innovación, podría pensarse?

Para que prospere una ILP se necesitan al menos 500.000 firmas, cantidad ciertamente elevada que, en gran medida, sólo se podrá conseguir si se sigue utilizando el método tradicional de las firmas manuscritas (¡todas suman!). Pues bien, la solicitud de los fedatarios debía formularse hasta ahora en soporte papel con su propia firma manuscrita, de manera que con el nuevo servicio que ofrece mifirma.com gracias a la colaboración desinteresada de Tractis pretende evitar ese paso y, de este modo, facilitar al promotor de una ILP la captación de fedatarios. Teniendo en cuenta el elevado número de firmas necesarios, la figura del fedatario cumple un papel esencial, de manera que cuantos más existan más posibilidades habrá de conseguir el número mínimo de apoyos para la ILP.

En todo caso, para no reiterarme, quien desee más información puede leer esta entrada en el blog de mifirma.com

3er Premio LAPSI para portales sobre información administrativa

2011-12-07T19:12:00.002+01:00

Se ha convocado el 3er Premio LAPSI a fin de reconocer al portal del sector público en el ámbito europeo más fácil de utilizar para los usuarios en relación con la con la ISP (información del sector público). La convocatoria con los detalles concretos está disponible en: http://www.lapsi-project.eu/call2 El premio está abierto a organismos del sector público, empresas y ciudadanos que han diseñado o administren un portal relacionado con la información del sector público (ISP) en la UE y está dotado con 1.000 euros.

Dado que la disponibilidad de la información del sector público es fundamental para impulsar iniciativas de reutilización, el propósito del premio es apoyar aquellas iniciativas que pueda servir de referencia en la dinamización de las políticas de acceso y reutilización de la información del sector público.

El nombre del ganador se hará público se dará a conocer durante la 2ª Conferencia Pública del proyecto, que tendrá lugar en Bruselas los próximos 23 y 24 de enero de 2012. La información sobre este evento se encuentra disponible en http://www.lapsi-project.eu/bruxellesprog

Un panel de expertos evaluará los proyectos presentados en relación con el diseño que facilite el uso del portal, la originalidad y el atractivo diseño, su eficacia para facilitar el acceso a la información, así como su papel a la hora de concienciar sobre los diversos aspectos jurídicos de la reutilización de la información del sector público (competencia, protección de datos y la privacidad, derechos de propiedad intelectual…).

La solicitud deberá presentarse en Inglés hasta las 16 h. del día 23 de diciembre de 2011. El formulario está disponible en: http://www.lapsi-project.eu/form2

primera sentencia sobre reutilización comercial de la información pública

2011-11-28T10:34:00.003+01:00

A menos que esté equivocado, se acaba de dictar en España la primera resolución judicial en relación a la normativa sobre reutilización comercial de la información del sector público, cuyas previsiones fundamentales se contienen en la Directiva 2003/98 y la Ley 37/2007 .

En efecto, según aparece publicado en la web de Lex Nova, una reciente sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 18 de octubre, acaba de anular el Acuerdo de 28 de octubre de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 3/2010, sobre reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales. Tras una rápida lectura de la resolución judicial, la principal conclusión es que el Alto Tribunal no ha tenido ocasión (o, posiblemente, no ha querido) entrar a analizar las interesantes cuestiones de fondo que planteaba la regulación, de manera que ha resuelto el asunto declarando la incompetencia del Consejo General del Poder Judicial para adoptar esta regulación.
En concreto, la principal argumentación del Tribunal Supremo se basa en que el tratamiento en que consiste la reutilización comercial de las resoluciones no encajaría en la competencia que, en relación a la difusión de las mismas, tiene atribuida legalmente el Consejo General del Poder Judicial. Así, pues, la normativa anulada se habría dictado en desarrollo de la Ley 37/2007 y no de la LOPJ, de manera que sería el Gobierno el competente para haberla dictado.
Ciertamente, esta sentencia deja abiertos muchos interrogantes, en particular por lo que respecta a las condiciones en que, hasta que no se dicte la oportuna regulación por el Gobierno, se van a suministrar las resoluciones judiciales a las entidades que llevan a cabo la actividad de reutilización comercial. ¿Se podría seguir aplicando de facto sus principales previsiones o, por el contrario, se debería volver a la situación anterior a la aprobación del Reglamento 3/2010 ahora anulado?

otra ILP, ahora sobre la Guardia Civil

2011-10-12T20:48:00.004+02:00

Hace poco más de un año os informaba que desde la Universidad de Murcia habíamos colaborado intensamente para que por primera vez en España se pudieran recoger firmas de apoyo a una iniciativa legislativa popular (e-ILP). Pues bien, ¡ya no es la única iniciativa que se apunta al carro de la modernidad!, lo que constituye sin duda una magnífica noticia para fortalecer la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos más allá de ir a votar cada cuatro años, momento sin duda de gran importancia pero que cada vez resulta más que insuficiente...

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil promueve una nueva iniciativa a la que es posible apoyar a través de la firma electrónica gracias al apoyo que ofrece mifirma.com, un grupo de voluntarios al que pertenezco y que está haciendo un importante esfuerzo por ofrecer a la ciudadanía un cauce adecuado de participación aprovechando las posibilidades que ofrece la tecnología.

Precisamente, al margen de dicha posibilidad, también estamos ofreciendo servicios para recabar avales a los partidos y asociaciones de electores que requieran del apoyo previo del electorado para poder concurrir a las elecciones generales. Sin duda una traba más que discutible que mediante el uso de la tecnología se puede ayudar a mitigar.

Parece que se abre una nueva etapa por lo que se refiere a la intensificación de la participación ciudadana con plenas garantías jurídicas aprovechando que toda una generación de ciudadan@s nos movemos con soltura en Internet. ¿Vas a dejar pasar la ocasión de participar activamente y ser protagonista en este desafío?

Los plenos municipales, en Internet

2011-07-29T22:29:00.007+02:00

Una de las iniciativas que más me ha llamado la atención en los últimos meses se refiere a la reproducción a través de Internet de las sesiones de los plenos municipales. Son varias las que se han puesto en marcha: Valdepeñas, San Juan de Alicante... Sin duda, que mi tesis doctoral versara sobre los órganos colegiados y mi más reciente afición por los aspectos jurídicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen mucho que ver con haberme decidido a escribir esta entrada.

Vaya por delante que me parece fascinante que los ciudadanos podamos presenciar de esta manera tan innovadora las sesiones de los plenos municipales, sobre todo teniendo en cuenta el principio de publicidad legalmente consagrado y que constituye una regla esencial para la formación de la voluntad colegiada, de manera que su incumplimiento sería incluso causa de nulidad de pleno derecho de los acuerdos adoptados.

Asumida esa primera sensación de euforia participativa, de reafirmación de los valores del Gobierno Abierto, mi curiosidad como investigador universitario me lleva, casi de inmediato y de forma compulsiva, a plantearme las implicaciones jurídicas de este tipo de iniciativas, en particular desde las posibilidades de la web 2.0. Así, me surgen algunas dudas:

¿puede cualquier ciudadano grabar con su teléfono móvil la sesión y después difundirla a través de su blog, de una red social...? ¿en qué medida se trata de una facultad reservada únicamente a los medios de comunicación en sentido clásico?
en el supuesto de que no se encuentren accesibles los videos en la web municipal, ¿podría un medio de comunicación, de los que sí tienen claramente derecho, difundir en su propia web los videos de los plenos municipales?
¿qué pasaría si lo hiciera un concejal o, incluso, un grupo parlamentario? ¿sería una manifestación del derecho constitucional a la participación mediante representantes que garantiza el art. 23 de la Constitución?
y si un concejal, vía twitter, fuera comentando la sesión y los ciudadanos pudieran plantearle cuestiones para que las formule o, incluso, apuntarle ideas, argumentos o contenidos para apoyarle en sus intervenciones, ¿debería admitirse?
en relación con la documentación de las sesiones y los acuerdos, ¿debería admitirse como certificación de un acuerdo el video correspondiente con las oportunas firmas electrónicas? ¿y como acta, también valdría?

En fin, como podéis ver, son muchas las dudas que me suscita esta innovadora posibilidad que, afortunadamente, ya es más que una simple idea o proyecto y, al menos en algunos casos, se ha convertido en una auténtica realidad. Felicidades a los promotores.

curso introducción e-Administración

2011-07-19T15:42:00.000+02:00

Desde la Universidad de Murcia hace ya varios años que nos lanzamos a organizar algunas ofertas formativas online sobre aspectos relacionados con el Derecho y la tecnología. Al margen del Curso de Especialista Universitario sobre protección de datos y privacidad, que dirijo, participo asimismo en otro titulado Introducción a la Administración electrónica, donde al margen de la perspectiva estrictamente jurídica, de la que me ocupo yo, existen varios módulos de carácter técnico.

La verdad es que es una satisfacción poder llevar a cabo estas actividades gracias a las posibilidades que ofrece la tecnología, que nos permite estar en contacto con alumnos y profesionales de lugares muy lejanos de nuestra Murcia querida. De hecho, en relación con este último curso, lo hemos impartido a varias Administraciones Públicas y, recientemente, hemos actualizado los materiales no sólo para ponerlos al día en cuanto al contenido sino, además, para mejorar los videos y presentaciones. Por si os van las redes sociales, aquí dejo algunos enlaces más: Facebook y Twitter

Retos jurídicos de la innovación tecnológica en las Administraciones Públicas

2011-07-19T15:33:00.003+02:00

A través de la página web de SICARM se encuentran disponibles los videos correspondientes al Congreso de la Red Derecho TICs que, en el seno de dichas jornadas, organizamos bajo el lema Los retos jurídicos de la innovación tecnológica en las Administraciones Públicas.

El acceso directo a los videos de las intervenciones se encuentra disponible desde este enlace (hay que hacer click en los correspondientes iconos con los rollos de cine que hay a la izquierda). Por si os interesara alguna de las intervenciones, aquí tenéis un resumen del programa correspondiente al evento:

Los retos jurídicos de la innovación tecnológica en la Administración Pública

Miércoles 13 de abril

16,30 h. Conferencia inaugural

¿Es posible un nuevo modelo de Administración Pública basado en la innovación y la tecnología?

Fernando de Pablo Martín. Director General para el Impulso de la Administración Electrónica. Ministerio de Presidencia.

18 h. Mesa redonda

¿Hacia una nueva concepción del procedimiento administrativo, a partir de la tecnología?

- Maximino Linares Gil. Abogado del Estado Jefe del Ministerio de Trabajo e Inmigración

- Xavier Uríos Aparisi. Abogado Jefe del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales. Generalidad de Cataluña

- Rubén Martínez Gutiérrez, Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de Alicante

Jueves 14 de abril

¿Se está construyendo un nuevo paradigma en las relaciones con los ciudadanos? A propósito del Open Government

10,30 h. Conferencia

El Plan de Innovación Pública del Gobierno vasco: algunas enseñanzas a partir de la experiencia

Iñaki Ortiz. Director General de Innovación y Administración electrónica. Gobierno Vasco

Presenta: Julián Valero Torrijos. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de Murcia. Coordinador Académico

12 h. Mesa redonda

La problemática jurídica e institucional del Open Government

Lorenzo Cotino Hueso. Profesor de Derecho Constitucional. Universidad de Valencia. Coordinador de la Red Derecho TICs.

Ignacio Criado Grande. Profesor de Ciencia Política y de la Administración. Universidad Autónoma de Madrid

Julián Valero Torrijos. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de Murcia. Coordinador Académico

Jueves 14 de abril

Innovación e identidad electrónica en la Administración Pública

16,30 h. Conferencia

Gestión avanzada de identidades en la Administración 3.0: ¿qué hay más allá de la firma electrónica?

Ignacio Alamillo Domingo. Astrea-La Infopista Jurídica

Presenta: Julián Valero Torrijos. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de Murcia. Coordinador Académico

18 h. Mesa redonda

Nuevos problemas y desafíos para la identificación electrónica ante la innovación tecnológica en las Administraciones Públicas

Ignacio Alamillo Domingo. Astrea-La Infopista Jurídica

Mar Ibáñez Martí. Gerente de la Agencia de Certificación de la Comunidad Valenciana

Daniel Sánchez Martínez. Profesor de Ingeniería Telemática. Proyecto Administración electrónica de la Universidad de Murcia

Viernes 15 de abril

La reutilización comercial de la información del sector público: ¿una nueva oportunidad de negocio para las empresas y de financiación para las Administraciones ante la crisis?

10 h. Conferencia

La reutilización de la información administrativa en España: situación actual y perspectiva de futuro

José Manuel Alonso. Fundación CTIC

11 h. Taller

Un ejemplo de buenas prácticas: la experiencia de euroalert.net

José Luis Marín. Director de Euroalert

12:30 h. Mesa redonda

Problemas, dificultades y posibilidades en la reutilización comercial de la información administrativa

Manuel Fernández Salmerón. Proyecto LAPSI. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de Murcia

Emilio Guichot Reina. Profesor de Derecho Administrativo. Universidad de Sevilla

José Manuel Alonso. Fundación CTIC

José Luis Marín. Director de Euroalert

Modera: Fuensanta Gómez Manresa Proyecto LAPSI. Universidad de Murcia

novedades premio LAPSI trabajos reutilización de la información del sector público

2011-04-05T12:26:00.002+02:00

Como ya informamos en una entrada anterior, la red LAPSI ha puesto en marcha un premio para el mejor trabajo relacionado con los aspectos jurídicos de la reutilización de la información del sector público. A este respecto, os informo de dos importantes novedades:

por un parte, gracias al apoyo de Infocamere y de I3P, el premio estará dotado económicamente con 1.000 euros;

en consecuencia, se ha decidido ampliar al plazo de presentación de originales hasta el 20 de abril de 2011 (16:00 hrs. CET) La convocatoria se encuentra disponible en este enlace. Para presentar la solicitud de participación, se recomienda la atenta lectura de las instrucciones que aparecen en este otro enlace. Puede obtenerse más información sobre esta iniciativa en el sitio web de LAPSI. En todo caso, estoy a vuestra disposición para cualquier consulta.

congreso APEP protección datos personales

2011-04-02T13:32:00.002+02:00

Como ya he comentado en alguna entrada anterior, desde hace casi un par de años estoy implicado como Secretario en el proyecto crear y dinamizar la Asociación Profesional Española de Privacidad. Desde entonces hemos puesto en marcha numerosas iniciativas tendentes a impulsar, dignificar y defender el papel que llevan a cabo estos profesionales, entre las que podríamos destacar la denominada "LOPD coste cero", tan dañina para la credibilidad del sector en la medida que se utilizan para financiar la consultoría fondos subvencionados que debían ir dirigidos a la formación de los trabajadores, y la creación de una acreditación profesional que, bajo la denominación ACP, tiene ya abierta la segunda convocatoria para las pruebas que se van a realizar en Madrid el 18 de mayo de 2011. Precisamente, al día siguiente, para el jueves 19 está convocada la primera edición del Congreso Nacional de Privacidad (enlace para la información del evento), que se celebrará en Madrid. Se trata, por tanto, de una iniciativa que tiene por objeto debatir sobre los principales problemas a los que se han de enfrentar estos profesionales en el actual contexto social y, sobre todo, tecnológico, donde la complejidad es una de las notas distintivas. El programa completo está disponible en la web oficial del Congreso: http://www.apep.es/congreso2011/congreso2011-agenda/ ¡Nos vemos en Madrid!

premio trabajos reutilización información sector público

2011-01-22T20:28:00.002+01:00

La Red LAPSI convoca el I Premio para el mejor trabajo académico sobre los aspectos jurídicos de la reutilización de la información público en los Estados de la Unión Europea. El objetivo es promover la investigación en este ámbito, de manera que sirva de apoyo para el impulso de las políticas públicas relacionadas con dicha temática.
Los destinatarios de esta convocatoria son estudiantes de Derecho, Ciencia Política y Economía o, en su caso, graduados/licenciados en dichas titulaciones con posterioridad al 6 de mayo de 2010, que hubieren realizado un trabajo de investigación en dicha materia correspondiente al programa oficial de las referidas titulaciones (tesina, proyecto fin de grado/carrera…). El trabajo puede estar redactado en español, si bien el resumen que ha de presentarse deberá remitirse en inglés.

Las fechas relevantes son las siguientes:

Desde el 25 de enero al 20 de marzo (16 h. CET): presentación de un resumen del trabajo a través de la web del proyecto LAPSI
20 de abril: notificación de los resultados/invitación de los finalistas a la Conferencia donde se hará entrega del premio
6 de mayo: entrega del premio, durante la celebración de la I Conferencia Pública del proyecto LAPSI que tendrá lugar en la Bocconi University de Milán

El resumen de los trabajos, necesariamente en inglés, puede presentarse a través del formulario que se encuentra disponible en la web del proyecto LAPSI (http://www.lapsi-project.eu/). Se recomienda, en todo caso, consultar la convocatoria oficial del Premio allí publicada (http://www.lapsi-project.eu/lapsifiles/awardcallforapplicationCS(2)_mod.pdf), donde se detallan el objetivo, los destinatarios y los requisitos que han de reunir, así como los criterios y el procedimiento de evaluación.

evento proyecto LAPSI

2010-10-14T16:54:00.002+02:00

Como ya os informaba en una entrada anterior, un grupo de universidades e instituciones de diversos Estados entre las que se encuentra la Universidad de Murcia, bajo el impulso de la Unión Europea, estamos analizando el marco jurídico actual del acceso a la información, en particular desde la perspectiva de las exigencias europeas y nacionales de la normativa sobre reutilización (más información sobre el proyecto LAPSI, en inglés). La semana pasada tuvimos un seminario de trabajo en Lovaina (ver más información) donde, entre otros temas, se analizaron las posibilidades de reutilizar la información administrativa a partir de las exigencias y limitaciones de la protección de los datos personales.

Entre los eventos futuros vinculados a este proyecto, el próximo 28 de octubre celebraremos una nueva reunión en Barcelona (ver programa y más detalles) en el marco del Free Culture Forum 2010. Sin duda que será una magnífica oportunidad para tratar estos temas más allá de las limitaciones propias de los medios telemáticos...

anteproyecto Ley de Transparencia

2010-09-23T10:09:00.004+02:00

Según leo en la web de Access Info, el Gobierno sigue sin ser muy transparente con la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, si bien parece que desde dicha organización han tenido acceso a una versión del borrador. De hecho, según comentan, junto a otras 40 ONG miembros de la Coalición Pro-Acceso han reclamado al Gobierno estatal "mayor transparencia sobre la ley de transparencia", sin duda toda una paradoja acerca de lo mucho que todavía queda por cambiar en la Administración. Pues bien, incluso mandaron una carta al Gobierno el 20 de agosto requiriendo una copia del borrador y reclamando una consulta pública sobre el anteproyecto, a la que todavía no han tenido respuesta. En este sentido, han puesto en marcha una encuesta cuyos resultados piensan remitir al Ejecutivo. Un ejemplo evidente de como la pasividad gubernamental puede ser soslayada con el uso de las TICS.... ¡Esto sí que es participación, aunque el Open Government brille por su ausencia! O no.

Los desafíos jurídicos del Open Government (2)

2010-09-08T23:05:00.003+02:00

El segundo de los ejes sobre el que gira el Open Government se refiere a la participación, sin duda una cuestión candente como planteaba Nacho Criado en su comentario a mi entrada anterior: ¿hasta qué punto la democracia directa es preferible a la meramente representativa? No es este el lugar apropiado para abordar en profundida este esencial debate, pero desde la perspectiva que ahora nos ocupa es preciso reconocer que, más allá del uso de la tecnología, existen herramientas que permiten la participación en diversos ámbitos. Vamos a centrar nuestro comentario en dos de ellos, especialmente relevantes: la potestad normativa y el procedimiento administrativo.

Por lo que respecta a la elaboración de las normas, debemos distinguir las dos principales manifestaciones existentes: la potestad legislativa y la reglamentaria. Por lo que se refiere a la primera, en la mayoría de los Estados modernos se reconoce a los ciudadanos la denominada iniciativa legislativa popular, es decir, que un número predeterminado de ciudadanos apoyen una determinada propuesta de regulación que, posteriormente, es remitida al órgano legislativo (Cortes Generales o Asambleas legislativas autonómicas en el modelo español). Las principales insuficiencias de esta modalidad radican, de un lado, en el elevado número de apoyos requerido, que en el ámbito estatal se eleva hasta las 500.000 firmas. Sin duda las TIC´s facilitan enormemente la cumplimentación de este requisito (véase la entrada anterior Por fin se puede firmar con el DNI-e una ILP), pero para ello sería necesario no sólo disponer de un DNI electrónico u otra modalidad de firma electrónica sino, sobre todo, disponer de los medios oportunos para hacerlo y saber cómo enfrentarse a tan titánica tarea. Y tampoco está garantizado el éxito, ya que el problema de fondo radica en que difícilmente se movilizan los ciudadanos a la hora de participar en el ámbito político, aunque sin duda iniciativas sobre ciertas materias tendrían un éxito más que asegurado (imaginemos una relativa a las redes P2P, como comentábamos en una entrada anterior). Más aún, incluso aunque se obtuviera el número de apoyos necesario, no existe una vinculación del órgano legislativo respecto de la iniciativa, aunque hay que reconocer que al menos se obligaría a nuestros "supuestos" representantes a manifestarse su criterio con el voto en asuntos que realmente interesan a un buen número de ciudadanos. Quizás si el sentido retributivo del voto se tuviera culturalmente asumido en nuestro país...

En relación con el procedimiento de elaboración de los reglamentos las posibilidades de participación para los ciudadanos tampoco es que sean demasiado favorables, sin que las posibilidades que ofrecen las TICs hayan recibido un reconocimiento expreso a nivel normativo, que sería la manera de luego poder exigir un determinado comportamiento al Gobierno de que se trate. Tomemos como ejemplo el ámbito estatal: el art. 24 de la Ley del Gobierno cuando la norma

"afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se les dará audiencia [...] directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley que los agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación directa con el objeto de la disposición. [...] Asimismo, y cuando la naturaleza de la disposición lo aconseje, será sometida a información pública durante el plazo indicado".

Parece evidente que la dicción literal de este precepto no es muy proclive a la posibilidad de que los ciudadanos manifiesten, formalizadamente y en el seno del procedimiento de elaboración de las normas reglamentarias, cuál es su criterio: tanto la intervención de las asociaciones como, sobre todo, la enorme discrecionalidad de la que se rodea la decisión de someter el texto a información pública dejan el asunto en manos del propio Gobierno. En fin, el zorro y el gallinero...

Tampoco es mucho más esperanzadora la regulación de la participación en el seno del procedimiento administrativo. Más allá del incuestionable derecho que tiene cualquier ciudadano en el concreto procedimiento en el que tenga la condición jurídica de interesado, el art. 86 de la Ley 30/1992 es incluso menos exigente al señalar que cuando la naturaleza del procedimiento así lo requiera se podrá acordar un período de información pública. Sin duda que parece necesario que las Administraciones Públicas asuman la complejidad del ámbito social y económico en que han de desarrollar su actividad y, en consencuencia, adapten la esencial herramienta del procedimiento administrativo a las exigencias y desafíos que plantea. A este respecto me parece especialmente recomendable la lectura del trabajo de Javier Barnés sobre el procedimiento administrativo y el gobierno electrónico, en particular la categorización que hace sobre la tercera generación de los procedimientos administrativos.

En fin, teniendo en cuenta las enormes posibilidades de participación que ofrece las TICs resulta evidente que el actual marco normativo es manifiestamente insuficiente. Parece la pescadilla que se muerde la cola: los ciudadanos no participan, pero es que el marco normativo tampoco invita a ello precisamente... ¿Y la Ley 11/2007, aporta alguna novedad destacable? Pues otra oportunidad perdida, aunque no debe extrañar dada la concepción "buRocrática" que impregna el modelo de gestión pública en que se sustenta la norma: ni una sola referencia a la participación más allá del reconocimiento de la misma como uno de los objetivos de la Ley en el art. 3.6. ¡¡¡Pero si luego no se establecen mecanismos concretos para conseguir el objetivo!!! Y del Real Decreto que desarrolla la propia Ley, pues mejor ni hablar... más de lo mismo.

Los desafíos jurídicos del Open Government (1)

2010-08-25T19:06:00.007+02:00

Acabo de empezar a leer uno de los libros que me había reservado para este verano (Open Government. Gobierno abierto) y, aunque no he pasado todavía de la introducción preparada por sus coordinadores César Calderón y Sebastián Lorenzo, no he podido resistirme a compartir en la blogsfera algunas de las reflexiones que me ha suscitado, sobre todo teniendo en cuenta la significativa ausencia de los juristas entre el cualificado elenco de autores del libro: ¿será que no estamos a la altura de los tiempos? En fin, que este arrebato de estío sea una muestra firme de la intención que, una vez más (¿será la definitiva?), me he propuesto: aumentar la regularidad de mi actividad en la blogsfera, tanto a nivel personal como en relación con uno de los proyectos de investigación que estoy coordinando: Innovación, tecnología y Administración electrónica: ¿hacia un nuevo modelo de Administración electrónica (en breve espero por ofrecer novedades).

Retomando los comentarios del libro, voy a aprovechar los tres ejes que en la Introducción se señalan como signos distintivos del Open Government para tratar de aportar una perspectiva jurídica de algunas de las dificultades y barreras que, en mi opinión, deberían solventarse. A fin de que la reflexión no resulte excesivamente "sesuda" (crítica que normalmente se nos hace a los juristas en otros ambientes ajenos al Derecho) esta entrada tendrá continuación con otra en la que me referiré a las otras dos piedras angulares que señalan los autores, la participación y la colaboración).

Comenzaremos, pues, por la transparencia. Estoy cada vez más convencido que el carácter democrático de nuestra Administración debería reforzarse más allá de meras declaraciones formales recogidas en normas constitucionales y legales, de manera que el control sobre la misma fuera realmente efectivo. Incluso, sólo con mayores dosis de transparencia podrá conocerse la realidad de la actuación administrativa y, en consecuencia, permitirse que los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos formalizadamente a través de los oportunos recursos, quejas o reclamaciones. ¿De qué sirve tener que acabar interponiendo un recurso contencioso-administrativo simplemente para obtener la tutela judicial que reconozca nuestro derecho de acceso a la información que, en un segundo momento, nos permitirá valorar si interponemos un nuevo recurso en cuanto al fondo del asunto?

El acceso a la información se encuentra reforzado en aquellos ámbitos sectoriales donde se reconoce la denominada “acción pública” (urbanismo, medio ambiente, falta de previsión presupuestaria en los servicios municipales obligatorios...), de manera que las restricciones existentes en el régimen general se encuentran en estos casos mitigadas puesto que, en última instancia, el conocimiento de los datos y documentos resulta imprescindible para formular la oportuna reclamación, tal y como se argumentaba anteriormente. Y, precisamente, una de las principales restricciones a las que nos referiremos más adelante: la legitimación para el ejercicio de las acciones se reconoce a cualquier ciudadano o entidad, más allá de las limitaciones propias del concepto de interesado, que requiere la titularida de un derecho o interés legítimo. O, en otras palabras, cualquier ciudadano tiene reconocido en estos ámbitos la titularidad de un interés legítimo, condición subjetiva cuya trascendencia práctica viene reconocida en el art. 24 de la Constitución: la tutela judicial efectiva de tales intereses legítimos. ¡Este sería el camino a seguir en cuanto a modelo de regulación legal! En este sentido, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), ha fortalecido el derecho de acceso y, a pesar de que algunas de sus previsiones son demasiado genéricas, constituye un claro ejemplo de cómo se puede utilizar el Derecho para garantizar una mayor transparencia informativa. Eso sí, no conviene olvidar que no fue una iniciativa "espontánea" del legislador español sino, todo lo contrario, una obligatoria transposición del Derecho de la UE.

Más aún, el acceso a la información pública se encuentra actualmente reforzado desde una perspectiva singular que no siempre se advierte y que, sin embargo, ofrece sugerentes posibilidades que facilitan el acceso: la de su valor económico, de manera que debe ponerse a disposición de los particulares, empresas y ciudadanos, para que estos puedan explotarla económicamente ofreciendo servicios de valor añadido. Sin duda un enorme desafío para la cultura oscurantista que predomina en la práctica administrativa y que, salvo algunos ejemplos paradigmáticos (veáse la iniciativa del Gobierno vasco), todavía está por implantarse en España. Qué casualidad, nuevamente se trata de una materia que, aunque regulada por el legislador español (Ley 37/2007, de 16 de noviembre), trae causa de obligaciones europeas. ¡Cuánta cultura de la transparencia nos falta, sin duda! Por si os resulta de interés, un grupo de investigadores de diversas instituciones europeas estamos trabajando en esta materia (proyecto LAPSI), os iré poniendo al corriente de las novedades.

Sin duda, la gran aportación de las TICs en este ámbito es que permite a las Administraciones Públicas apostar por un nuevo modelo en el suministro de información, de manera que más allá del modelo "reactivo" frente a eventuales peticiones que sin duda se pueden recibir y atender por medios electrónicos (incluso automatizadamente, previa la oportuna identificación cuando sea necesaria) permitirían un modelo "proactivo" en la difusión de información e, incluso, la personalización del servicio en cuestión. Aquí se encuentra, por tanto, el valor añadido que ofrecería la Administración electrónica (eso sí, no en el modelo de la Ley 11/2007, claro ejemplo de "burocracia electrónica") en materia de transparencia y acceso a la información, aunque para ello debe vencerse la inercia, tan consolidada en nuestra cultura administrativa, de reconducir la información a "documentos formalizados", "archivos y registros" y, sobre todo, de que el acceso a la información sea en gran medida un derecho subjetivo que ha de ser ejercido formalizadamente y, por tanto, dará lugar a una respuesta también formalizada a través del oportuno procedimiento. Aunque, todo hay que decirlo, cuando el ciudadano se dirige presencialmente a las oficinas administrativas para acceder al expediente, es el propio funcionario que le atiende quien le ofrece (o no) la documentación requerida a fin de facilitarte el ejercicio de su derecho, en definitiva quien decide en términos jurídicos. Cuando, en realidad, debería ser el titular del órgano competente quien lo autorizara o, al menos, dictara instrucciones generales al respecto, de manera que asumiera efectivamente su responsabilidad en la materia. Pero, como decía, la inercia, la desidia y la escasa convicción de la trascendencia democrática del acceso a la información pública campan por sus anchas en nuestras organizaciones administrativas.

Ley de Acceso a la Información

2010-08-17T00:38:00.003+02:00

Parece que, por fin, se confirman los rumores y este viernes se aprobará el tan esperado proyecto de Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública (ver noticia). Ciertamente se trata de una norma necesaria teniendo en cuenta la cultura tan oscurantista que tradicionalmente ha inspirado la práctica administrativa en la materia. Ahora bien, sin perjuicio de que me parezca necesaria y que considere el silencio positivo como una medida importante, no por ello puede dejar de recordarse que precisamente esta configuración ha existido tradicionalmente en el ámbito local y, para desgracia de nuestro sistema democrático, ha funcionado poco o nada... cuando varios años después una sentencia judicial le daba la razón al recurrente y obligaba a que la Administración entregase la información.´
Desgraciadamente, no tenemos todavía acceso al texto del borrador, que parece haber sido filtrado oportunamente a los medios de comunicación en paradójico ejemplo de acceso a la información, no ya por los ciudadanos (a quienes se nos niega tanto el acceso al documento y, por tanto, la participación en el procedimiento de elaboración de la norma) sino por un medio de comunicación: estoy convencido que son este tipo de planteamientos lo que deben cambiarse más allá de las necesarias reformas normativas, sobre todo teniendo en cuenta las enormas posibilidades que ofrece la tecnología para formentar una efectiva participación. ¿Pór qué no se establece con carácter preceptivo un trámite de información pública, por medios electrónicos, cuando se estén elaborado normas que afectan al estatuto jurídico de los ciudadanos?
En fin, ¿incorporará el proyecto una reforma del Código Penal tipificando la conducta de la autoridad pública que, estando obligada a ello, se resista a entregar la información incluso en los supuestos de silencio positivo? Sí así fuera empezaría a creerme que la Administración española será más transparente ... y por tanto más democrática.

Administración electrónica y descentralización territorial

2010-04-13T21:54:00.002+02:00

Hace unas semanas me invitó la Agencia Catalana de Protección de Datos a impartir una ponencia en unas jornadas sobre la privacidad y la protección de datos en el Estado autonómico, que me dieron pie nuevamente a reflexionar sobre algunas ideas que paso a resumiros, quizás con mejor sistemática que en otras ocasiones.

Ciertamente, la modernización administrativa ha de plantearse desde una realidad insoslayable: la organización pública española tiene como uno de sus principios basilares la descentralización competencial. Sin embargo, la tecnología supone un cierto (y a veces bastante sutil) incremento de la centralización que, en consecuencia, conlleva una tensión con dicha realidad administrativa propia del Estado de las Autonomías. Así, por una parte, hay que destacar que la Ley 11/2007 ha supuesto un notable incremento de las normas básicas en la materia, a pesar de algunas ausencias realmente injustificadas desde la garantía exigida por el artículo 149.1.18ª del Texto Constitucional (los artículos 34, sobre la simplificación, y 39 sobre la automatización serían los ejemplos paradigmáticos). Por otra, el Esquema Nacional de Interoperabilidad, exigencia inexcusable para la efectividad de las previsiones legales, implica atribuir al Gobierno estatal una competencia de la que carece en la Administración tradicional. O, sin ánimo exhaustivo, la validación de los certificados de firma electrónica a través de la aplicación y las condiciones impuestas por la Administración General del Estado (denominada @firma) y, en general, el acceso a ciertos servicios a través de la Red SARA, determina que las Administraciones inferiores (locales, universitarias…) dependan de las superiores para poder poner en marcha proyectos de innovación tecnológica, sin que exista una efectiva garantía normativa de la accesibilidad. Pero, sin embargo, el distinto nivel de exigibilidad de los derechos a que aboca la disposición final tercera de la Ley 11/2007 es una de las principales dificultades a las que se ha de enfrentar la Administración electrónica en España, ya que no sólo es que ciertos ciudadanos puedan ser o no titulares de algunos derechos sino que, además, esa diversidad puede condicionar la actuación de otras Administraciones Públicas. Se trata, al menos en mi opinión, de una defectuosa comprensión del alcance de las competencias autonómicas, en particular por lo que se refiere a la autoorganización que, en última instancia, se comprende al conocer cómo transcurrió el proceso de negociación previo al consenso Estado-Comunidades Autónomas en relación con la redacción final del proyecto de ley: mientras que en las primeras versiones del borrador no existía limitación, la petición autonómica de fondos adicionales para la puesta en práctica de la Ley determinó que la respuesta del Estado se concretara en una rebaja en la exigibilidad de los derechos de los ciudadanos para las Administraciones autonómicas y locales. Ciertamente, si se operase conforme a este criterio en otros ámbitos materiales de la actuación administrativa, el legislador estatal se vería imposibilitado de reconocer derechos a los ciudadanos…

más desarrollos reglamentarios de la LAE

2010-02-25T08:51:00.003+01:00

En el BOE de hoy se publica una nueva norma que desarrolla las previsiones de la Ley 11/2007 en el ámbito de la Administración General del Estado, fundamentalmente como consecuencia del nuevo régimen de la intervención administrativa que exige la normativa europea en materia de libre acceso a los servicios: se trata del Real Decreto 136/2010, de 12 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro. En realidad se trata de una norma general en relación con las actuaciones que realicen los ciudadanos, más allá de si se utilizan o no medios electrónicos, pero sin duda tiene previsiones que inciden en la perspectiva electrónica, así:

la referencia a la ventanilla única, que necesariamente ha de ser electrónica como exige la Directiva 123/2996
la exigencia de que los modelos normalizados ese integren en sistemas que permitan la transmisión por medios electrónicos de los datos e informaciones requeridos, exigencia ineludible si se pretenden aprovechar plenamente las ventajas que ofrece la tecnología
la no exigibilidad de ciertos documentos al interesado, de manera que será necesaria su obtención directamente de la entidad en cuyo poder se encuentre la información, lo que sin duda supone una ampliación del derecho consagrado en el art. 6.2.b) LAE y, sobre todo, de la previsión del art. 35.2 LAE

En fin, la nueva regulación sobre libre acceso a las actividades de servicios está suponiendo un nuevo planteamiento de la actividad administrativa de policía (en el tradicional sentido material) que, en última instancia, ha de descansar en gran medida en el uso intensivo de medios electrónicos. Volveremos sobre este interesante planteamiento en otra ocasión.

Por fin se puede firmar con el DNI-e una iniciativa legislativa popular (ILP)

2010-02-04T15:53:00.005+01:00

¡Qué parto tan largo! Por fin hoy puedo hacer pública mi satisfacción por una noticia que sin duda puede contribuir notablemente a mejorar los mecanismos de democracia directa en España: la Universidad de Murcia, a través de su Area de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ATICA) con la que he tenido una vez más el placer de colaborar, ha desarrollado una aplicación para facilitar la recogida de apoyos a las iniciativas legislativas populares a través del DNI electrónico que cuenta con el aval de la Junta Electoral Central, según acuerdo adoptado el pasado 28 de enero. En concreto, los promotores de la iniciativa han sido los activos integrantes de la Comisión Promotora de la ILP "Defendamos el Trasvase. Necesitamos un río de firmas"

Aunque se trata de una posibilidad que ya contemplaba desde 2006 la Ley Orgánica que regula las iniciativas legislativas populares, lo cierto es que su artículo 7.4 se limitaba a señalar que las firmas se pudieran recoger "también como firma electrónica conforme a lo que establezca la legislación correspondiente". En fin poca cosa...

Todavía recuerdo cuando, por esas ya lejanas fechas de 2006, comentaba con mi admirado Mario López de Avila y otros conocidos "virtuales" las posibilidades que ofrecía esta reforma a pesar de las limitaciones con que legalmente se concebían las ILPs por la relevancia de las materias excluidas. Sin embargo, pienso que el simple hecho de que los grupos parlamentarios se vean obligados a pronunciarse ante las inquietudes y preocupaciones de la ciudadanía ya es un logro que debe ser resaltado en un sistema político caracterizado por el dominio de una partitocracia que, con demasiada frecuencia, se encuentra al margen de la realidad y las prioridades de los ciudadanos.

Pero la gran dificultad para presentar una ILP hasta ahora ha determinado que, pese a existir una legislación desde 1984, hayan sido muy limitados los casos en que se ha hecho uso de esta herramienta, ya que resultaba ciertamente complicado en primer lugar conseguir 500.000 firmas utilizando medios "presenciales"; y, en segundo lugar, gestionar todo el procedimiento de validación de las firmas conseguidas. Por ello, la posibilidad de que los ciudadanos puedan utilizar el DNI electrónico para ejercer este esencial derecho debe considerarse un hito de gran trascendencia, ya que se simplificarán enormemente dichos trámites y, en consecuencia, se facilitará la presentación de estas iniciativas.

Ahora la principal dificultad para este tipo de iniciativas puede estar en la falta de conocimiento por parte de los ciudadanos acerca del funcionamiento de los certificados del DNI electrónico (¡he hecho la prueba con mis alumnos y algún día contaré los detalles!) y, en particular, la escasez de usuarios que disponen de un lector de tarjetas a pesar de los esfuerzos de Red.es por promover el uso del DNI electrónico.

Ahora bien, si queríamos promocionar su uso, aquí tenemos una oportunidad inmejorable: ¿qué pasaría si surgiera una ILP relacionada con la propiedad intelectual y la descarga de ficheros en Internet? Estoy convencido que en este caso la recogida de las 500.000 firmas sería cuestión de días. Sin duda se abre una nueva ventana, nunca mejor dicho, por la que puede entrar un necesario aire fresco, aunque sea telemáticamente: este es un claro ejemplo de cómo la tecnología no siempre es motivo de preocupación para los derechos de los ciudadanos sino que, antes al contrario, permite redescubrir y fortalecer mecanismos casi olvidados.