Los plenos municipales, en Internet

Una de las iniciativas que más me ha llamado la atención en los últimos meses se refiere a la reproducción a través de Internet de las sesiones de los plenos municipales. Son varias las que se han puesto en marcha: Valdepeñas, San Juan de Alicante... Sin duda, que mi tesis doctoral versara sobre los órganos colegiados y mi más reciente afición por los aspectos jurídicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen mucho que ver con haberme decidido a escribir esta entrada.

Vaya por delante que me parece fascinante que los ciudadanos podamos presenciar de esta manera tan innovadora las sesiones de los plenos municipales, sobre todo teniendo en cuenta el principio de publicidad legalmente consagrado y que constituye una regla esencial para la formación de la voluntad colegiada, de manera que su incumplimiento sería incluso causa de nulidad de pleno derecho de los acuerdos adoptados.

Asumida esa primera sensación de euforia participativa, de reafirmación de los valores del Gobierno Abierto, mi curiosidad como investigador universitario me lleva, casi de inmediato y de forma compulsiva, a plantearme las implicaciones jurídicas de este tipo de iniciativas, en particular desde las posibilidades de la web 2.0. Así, me surgen algunas dudas:

• ¿puede cualquier ciudadano grabar con su teléfono móvil la sesión y después difundirla a través de su blog, de una red social...? ¿en qué medida se trata de una facultad reservada únicamente a los medios de comunicación en sentido clásico?
• en el supuesto de que no se encuentren accesibles los videos en la web municipal, ¿podría un medio de comunicación, de los que sí tienen claramente derecho, difundir en su propia web los videos de los plenos municipales?
• ¿qué pasaría si lo hiciera un concejal o, incluso, un grupo parlamentario? ¿sería una manifestación del derecho constitucional a la participación mediante representantes que garantiza el art. 23 de la Constitución?
• y si un concejal, vía twitter, fuera comentando la sesión y los ciudadanos pudieran plantearle cuestiones para que las formule o, incluso, apuntarle ideas, argumentos o contenidos para apoyarle en sus intervenciones, ¿debería admitirse?
• en relación con la documentación de las sesiones y los acuerdos, ¿debería admitirse como certificación de un acuerdo el video correspondiente con las oportunas firmas electrónicas? ¿y como acta, también valdría?

En fin, como podéis ver, son muchas las dudas que me suscita esta innovadora posibilidad que, afortunadamente, ya es más que una simple idea o proyecto y, al menos en algunos casos, se ha convertido en una auténtica realidad. Felicidades a los promotores.