Retos jurídicos del eGovernment a nivel europeo

Para comenzar tuvimos la suerte de poder contar con la presencia de la Dra. Crhistine Leitner, Directora del Centre for European Public Administration (CEPA) de la Universidad de Krems (Austria). Christine coordina el consorcio que se encarga de la gestión de los e-Europe Awards en la sección de e-Government, de manera que conoce de primera mano las mejores prácticas en la materia a nivel europeo.

Su intervención (necesario Real Player) se centró en el análisis de la política europea en materia de e-Government y, en concreto, de la iniciativa i2010. Una de las principales notas que destacó y que, incluso, podría extenderse a otras muchas iniciativas es el papel preponderante que ha venido jugando la DG para la Sociedad de la Información en el proceso de impulso de las políticas de e-Government, lo que lleva en la práctica muchas veces a que desde las instancias europeas se tenga una visión demasiado “fragmentada”.

Precisamente, este es uno los problemas que con demasiada frecuencia se constatan igualmente en otros niveles administrativos. Así, sucede que los “departamentos de informática” se ven forzados a asumir un liderazgo que no debe corresponderles, aun siendo conscientes de la trascendencia de su participación. Más aún, la preponderancia del elemento tecnológico hace perder de vista que todas estas herramientas se han de proyectar en cada uno de los ámbitos nacionales en los que el poder público está sujeto a régimen jurídicos diversos y en un contexto de culturas administrativas muy pero que muy diversas (si os interesa, sobre estos temas he dejado mi granito de arena en el proyecto Breaking Barriers to e-Government). Precisamente, el enfoque de muchas Directivas (pe.: firma electrónica o retención de datos) adolece de este mismo inconveniente, al margen de que la UE no tiene una competencia general en materia “administrativa” en base a la cual poder dictar normas específicas.

Según contó Christine, por lo que respecta a la participación (uno de los objetivos del Plan de Acción i2010 para el eGovernment) sólo tuvieron 12 finalistas en la edición de 2007 (todos ellos accesibles en ePractice.eu), obteniendo el galardón el proyecto noruego MyPage. Como principal conclusión de la valoración realizada apuntó que la mayor parte de las iniciativas tenían un marcado carácter experimental y, en particular, se referían al ámbito local, donde sin duda existe una mayor tradición de transparencia y participación. Precisamente, uno de las razones que justifican esta circunstancia es que en muchos Estados no existen prácticamente obligaciones legales para que las Administraciones Públicas ofrezcan información y, mucho menos, a través de Internet. En mi opinión, este es precisamente uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las modernas Administraciones Públicas si quieren realmente llamarse “democráticas”.